El martes 23 de marzo se presentó en el salón Fano de la Sociedad Rural Argentina el trabajo de Daniel Miró, acerca del mercado del trigo, realizado en el marco del Proyecto de Inserción Agrícola que cuenta con el apoyo del BID-Fomin y que es liderado por la SRA, con la dirección de Raúl Roccatagliata y la coordinación de Leticia Tamburo.

Una de las principales preocupaciones del analista es que laArgentina no cuenta con una práctica comercial para segregar el trigo en sus diferentes calidades, lo que redunda en una pérdida de oportunidades para el productor. “La segregación del trigo es un proceso inevitable porque la industria lo requiere cada vez más y, si no se realiza, su precio será cada vez menor ya que existe actualmente una gran variedad de productos panificados, cada uno con requerimientos diferentes en cuanto a la variedad del trigo.

Es muy común escuchar quejas de los productores: “A mí no me pagan la calidad”. Y tienen razón, señaló Miró, “necesitamos conocer que pide el mercado y comenzar a segregar los granos de mejor producción. En esto no hay una tarea permanente en la Argentina”

Según Miró, pareciera que el único problema para el Estado es lograr entre 8 y 9 millones de toneladas de producción de trigo. “¿Y después qué?”, se preguntó y continuó: “Se necesita una entidad que desarrolle convenios con otros países y que investigue sus necesidades comerciales. Miró piensa en un ente declarado de interés nacional desde el Congreso, y cuyas atribuciones partan de una Ley.

“El Estado no debe decir cuál es el precio, esto debe pasar por las bolsas, que deben estar obligadas a formar el precio de la manera más transparente posible, contando con de control de Congreso. El hecho de que el Estado publique los precios todos los días no determina nada. La resolución 543 de la Oncca viola los principios de la Ley 21453”, aclaró Miró.

Para el analista, el Estado derogó en la Oncca derechos constitucionales e invalidó facultades de organismos privados que limitan los derechos de cada uno de los ciudadanos, por ejemplo el artículo 17 de la Constitución Nacional, según el cual los habitantes tenemos derecho a comerciar libremente el producto de nuestro trabajo. “Aquí hay un claro desequilibrio de fuerzas. El productor no tiene alternativa comercial. No se necesita más estado, se necesita más mercado. Pero tampoco es conveniente que el mercado esté solo, necesitamos regulaciones que no dependan solo de los intereses del Estado, sino de los intereses del país”, subrayó Miró explicando que la eliminación de la competencia bajo el argumento del aprovisionamiento interno, y la limitación de las exportaciones quitan certidumbre al productor y quiebran la competencia y la formación de precios.

En esto Miró fue contundente: “No hay sistema agropecuario argentino si no hay sistema de formación de precios. Por eso, hay que eliminar la resolución 543 y desarmar el régimen de compensaciones, sino no hay futuro para el trigo”.

En cuanto al diferencial arancelario aplicado a la cadena del trigo, que en otras oportunidades se utilizó como herramienta temporal para desarrollar una industria, como la aceitera, Miró cree que está claramente mal aplicada porque la industria molinera tiene una sobre capacidad instalada y es obsoleta. Por otro lado, el diferencial se está aplicando principalmente a los países del Mercosur, que son los que no aplican gravámenes a nuestras exportaciones, lo que hace que no se puedan neutralizar ambas alícuotas, y que se perjudique al molinero brasileño.

El trabajo realizado por Miró demuestra que la Oncca genera lo que el GATT describe como “un Estado que actúa distorsionando la realidad comercial”. De hecho, la primera vez que la Argentina reabrió la exportación de trigo luego de cerrarla, su reapertura se permitió sólo para destinos específicos. “Un Estado que hace eso tiene una injerencia absoluta en la política comercial de su país, lo que es contrario a los principios comerciales establecidos por el GATT.

Por otra parte, la restricción a exportar redunda en un menor precio del commodity, lo que crea una distorsión del mercado, ya que el sistema comercial se basa en un principio de flujo, y en el hecho de que el productor no puede almacenar su mercadería en forma infinita. “Esto crea un oligopolio que impide que el precio se forme de manera transparente”, señaló Miro y agregó: “En otros países, para las políticas públicas, el interés de la producción es el interés de la Nación, pero aquí el gobierno tiene un interés distinto al de la producción”.

Existe un artículo del doctor Moscarello (editorial La Ley), “La Oncca chica y la Oncca grande” que muestra como Kirchner transforma al organismo y le otorga poderes absolutos en una semana, o sea que cambia en siete días lo que a la Argentina del centenario le había llevado 8 años de discusión parlamentaria.

El origen de la legislación granaría de la Argentina se basa en la experiencia canadiense, y luego de 8 años de discusión parlamentaria, que incluyen temas no menores como la facultad exclusiva del Congreso para regular el comercio exterior de la Nación y el derecho de las provincias a comerciar su propia producción, se plasma en la Ley 12.253

“La Oncca no tiene un sistema de auditoría o de control interno. Los ciudadanos y los estados provinciales le entregan todos sus derechos a un organismo cuyo presidente hace lo que quiere y que además es puesto en su cargo por el Presidente de la Nación”, explicó Miró.

El mercado internacional

En el mercado mundial de trigo, Egipto es el primer importador, con 8 millones de toneladas anuales, seguido por Brasil que, según Miró, es el único país al que la Argentina puede aspirar abastecer, junto con otros países de Latinoamérica.

En el mercado mundial se realizan ventas externas por 120 millones de toneladas de trigo y por 10 millones de toneladas de harina.

En la actualidad, los principales países del Mar Negro, Ucrania, Rusia y Kazajstán, desplazaron a los Estados Unidos en cuanto a sus exportaciones de trigo, a pesar de que los nuevos exportadores no cuentan todavía con mercadería uniforme y de buena calidad.